22 octubre, 2025

Demandan a Nacho Cano por delitos contra trabajadores

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha iniciado diligencias contra Nacho Cano, productor musical, por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los trabajadores. La acusación se basa en la supuesta contratación ilegal de migrantes en situación irregular para el musical “Malinche” en Madrid.

Según documentos obtenidos por Europa Press, la jueza Inmaculada Iglesias ha informado que Cristina Karmiñe D. De S. y Roxana Gabriela D. De S. también serán investigadas tras una denuncia presentada por una bailarina mexicana y otros 19 participantes en un casting para el musical.

La investigación judicial se ha intensificado luego de que Comisiones Obreras de Madrid se personara como acusación para velar por los derechos de los trabajadores y evitar posibles fraudes. El sindicato acusa a Nacho Cano de traer a España a 17 mexicanos con permisos de turismo para trabajar ilegalmente en su espectáculo.

El atestado policial indica que los investigados, a través de la compañía Malinche The Musical Spain SL, se habrían lucrado de la actividad laboral de los seleccionados. Estos, tras un breve periodo de aprendizaje, trabajaban en el musical recibiendo una remuneración por debajo del convenio, lo que les obligaba a depender de familiares y ahorros personales para subsistir.

Los testimonios revelan que los seleccionados ensayaban y actuaban regularmente en el musical, incluso en la zona de copas del espectáculo llamada “El Templo Canalla”. La jueza ha ordenado a la Inspección Provincial de Trabajo que remita una copia del acta de inspección del 27 de junio y que informe sobre la situación administrativa de los dieciséis bailarines presuntamente en situación irregular.

Además, se ha solicitado a la Tesorería de la Seguridad Social que certifique el número e identidad de los trabajadores dados de alta entre diciembre de 2023 y junio de 2024 en la empresa Malinche de Musical Spain S.L. Esta investigación busca esclarecer la legalidad de las contrataciones y proteger los derechos de los trabajadores involucrados.